Febrero 2002

Mesa de Salud 7

Mesa de Educación 8

Mesa de Reforma Judicial 11 Mesa de Reforma Política 13

Fase I Entrevistas bilaterales/Tipo de participantes 17

Acuerdos Mesas Sectoriales 19

Mesa Socio/laboral/productiva 20

Mesa de Salud 39

Mesa de Educación 44

Mesa de Reforma Judicial 52

Mesa de Reforma Política 66

Durante su primer mes y medio de funcionamiento participaron del Diálogo Argentino más de mil personas pertenecientes a un centenar de organizaciones políticas, sindicales, empresariales, financieras, de la educación, de la cultura, de la salud y de distintos sectores de la sociedad. Al finalizar esta primera etapa, que pretendió iniciar un proceso regenerativo y fundacional que aspira a servir de cauce para la transición, la Mesa del Diálogo, ofrece a la consideración de toda la sociedad argentina este primer documento de coincidencias.

La primera coincidencia, es la que subraya la gravedad y la naturaleza inédita de la situación argentina. Esta se caracteriza por una profunda crisis de legitimidad de las instituciones, especialmente las políticas, cuatro años de recesión, creciente desempleo y aumento incesante de la pobreza, la indigencia y la exclusión social hasta niveles desconocidos en nuestra historia, problemas crónicos de las finanzas públicas y una extendida ruptura de la seguridad jurídica. Es la nuestra una crisis de bien común y todos los participantes han manifestado su voluntad de contribuir a recuperar ese sentido constitutivo de toda sociedad organizada.

La respuesta más urgente y necesaria frente a esta situación es la lucha contra la pobreza, que está destruyendo a millones de hogares. Negarle justicia a quienes la padecen, espiritual y materialmente, sería el ocaso de nuestro destino común como Nación.

Se han expresado, por otro lado, un conjunto de valores comunes entre los que se destacan: la confianza, como valoración del prójimo, la previsibilidad y las reglas de juego; la credibilidad, ligada especialmente a la honestidad y a la transparencia de todos los actores; la solidaridad, más allá de la necesaria asistencia social y como expresión de una mayor justicia distributiva y de una austeridad compartida; en fin, la identidad nacional, como la justa valoración del pasado y la vocación de construir una visión o proyecto de país ampliamente compartido.

Desarmar una sociedad cargada de desconfianzas justificadas requiere actos concretos, aportes y renunciamientos, por lo cual nos une la inclaudicable tarea de abolir privilegios y prebendas.

Pero el profundo deterioro moral que ha minado la confianza entre los ciudadanos, ha roto la credibilidad en las instituciones públicas y ha alterado los pactos básicos de la convivencia, determina que todavía sea grande la distancia entre los valores y las prácticas, tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado y en la sociedad. Quebrada la solidaridad, prevalece la desconfianza y la conciencia de la gravedad de la crisis no parece bastar para que se modifiquen los criterios y comportamientos que condujeron a esta crisis. La falta de asunción de la propia responsabilidad, mayúscula en el caso de la dirigencia, conduce a la culpabilización del otro sin una paralela consideración de las propias falencias.

Prevalece en muchos participantes, al mismo tiempo, la convicción de que hasta tanto no se restaure un clima de mayor confianza que haga posible la reactivación de la economía, será muy difícil poner en práctica los acuerdos que se van alcanzando.

La Mesa del Diálogo llama la atención de la comunidad internacional sobre el carácter de emergencia que tiene la crisis social argentina, por lo que pide un compromiso especial y urgente que complemente los esfuerzos internos y a la vez que facilite la generación de un clima propicio para que, evitando los errores cometidos por todos, pueda tener lugar una negociación internacional que permita la concreción de un paquete de recursos de cooperación suficiente como para transformar equitativamente al país.

Esto implica una toma de conciencia de parte de la ciudadanía y, en primer lugar, de los Poderes del Estado y de los Gobiernos Provinciales, que vivimos una etapa de transición cuyo objetivo central es preservar la institucionalidad, reconstruir la paz social y dar respuestas concretas a los problemas que plantea la sociedad argentina. Construir entre todos la transición y darle una base lo más amplia posible contribuirá a alejar el riesgo de la anarquía y a allanar el camino del fortalecimiento pleno de la vida democrática.

A pesar de las dificultades, de la fragmentación y de la desconfianza, las primeras coincidencias alcanzadas exhiben la potencialidad del Diálogo Argentino como instrumento inédito y eficaz para este tiempo de transición. Estos consensos y la metodología para alcanzarlos quieren ser, además, una contribución a la formulación de políticas públicas, como verdaderas políticas de Estado, con amplio apoyo ciudadano, para éste y otros gobiernos.

Desde su lanzamiento, el 14 de enero de 2002, la Mesa del Diálogo Argentino se ha reunido, a través de encuentros bilaterales, con 75 entidades y organizaciones y 500 representantes, expresión de la vida económica, política y social de todo el país. Las opiniones y propuestas vertidas a lo largo de 150 horas de entrevistas, han sido minuciosamente registradas y sistematizadas procurando identificar las principales preocupaciones y puntos de agenda para el diálogo.

Este proceso inicial fue el marco propicio para la puesta en marcha de las Mesas Sectoriales Socio/laboral/productiva, de Salud, de Educación, de Reforma de la Política y de Reforma Judicial, convocadas por los Ministerios de Trabajo, de la Producción, Desarrollo Social, del Interior, de Justicia y Jefatura de Gabinete de Ministros, en el ámbito de las Mesas Sectoriales, donde más de 750 personas deliberaron de manera intensiva entre el 16 y el 26 de febrero de 2002.

Las Mesas Sectoriales buscaron alcanzar acuerdos básicos entre los argentinos, que aporten soluciones a temas prioritarios relacionados con la emergencia económica y social que vive el país, a la vez que identificar prioridades estratégicas para el mediano y largo plazo. Asimismo, y como producto del intercambio, los participantes sentaron el marco de valores que deberá sustentar los acuerdos alcanzados.

Los consensos alcanzados por Mesa Sectorial Socio/laboral/productiva, convocada por los Ministerios de Economía, de la Producción y Trabajo, se inscriben en un enfoque global que puntualiza que:

• La solución a los problemas sociales y de empleo que afectan al país solo podrá enfrentarse exitosamente en un marco de recuperación económica y de desarrollo sustentable.
• No obstante, dada la magnitud de la brecha social que afecta millones de argentinos, es necesario actuar ante la emergencia.

La Mesa también valora el espacio de Diálogo, por lo cual se acuerda institucionalizar el dialogo social, creando un Consejo Económico y Social.

En este marco y prestando una alta valoración a la experiencia de Diálogo, la Mesa propone:

• Otorgar la mayor prioridad a aliviar las carencias de los más necesitados, los pobres y los desocupados, universalizando las prestaciones por desempleo y ampliando la cobertura del seguro de desempleo.
• Extender la cobertura de la seguridad social a los grupos no protegidos como los trabajadores rurales y los mayores de 75 años que carezcan de ingresos.
• Abolir las jubilaciones de privilegio.
• Generar empleos mediante proyectos con alto impacto ocupacional.
• Promover la reactivación de las empresas, particularmente las Micro y PyMES.
• Crear para este propósito nuevos instrumentos financieros como los Fondos Fiduciarios con el objeto de restituir la cadena de pagos y generar capital de trabajo.
• Introducir mecanismos ágiles para que las micro y PyMES puedan acceder a programas de asistencia crediticia, tecnológica, de gestión, de calidad, de capacitación y de accesos a los mercados.
• Preservar el empleo en situaciones de crisis empresaria.
• Toda empresa que reciba beneficios del Estado en forma directa (ej. crédito fiscal y reducción de aportes patronales) ó indirecta (derivados de subsidios o exenciones con aplicación específica) deberán ofrecer como contrapartida el mantenimiento del nivel de empleo y el "blanqueo" integral de los trabajadores de esa unidad productiva.

A pesar de la importante red de recursos sanitarios públicos y privados del país, la dispersión de objetivos y esfuerzos han impedido que el conjunto prestacional asegurara el ejercicio del derecho inalienable a la salud para el conjunto de la población.

Atento a ello, y a que la mayoría de los actores del sector coincide en la necesidad de buscar espacios confiables y efectivos de acuerdo que permitan superar la coyuntura y promover los cambios necesarios en el mediano y largo plazo, la Mesa Sectorial de Salud se convertirá así en el marco político para viabilizar los consensos alcanzados:

• Asegurar más y mejor salud para el conjunto de la población.
• Sostener y mejorar las actividades del sistema de salud tendientes a evitar el impacto sanitario de la crisis socioeconómica.
• Promover estrategias y acciones destinadas a reducir el riesgo sanitario y epidemiológico para el conjunto de la población y proteger especialmente a los grupos más desfavorecidos y/o vulnerables.
• Establecer los Instrumentos adecuados para resolver la emergencia sanitaria, a fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos y privados de atención de la salud.
• Promover acciones destinadas a mejorar la accesibilidad a los servicios de salud y al Programa Médico Obligatorio.
• Comprometer esfuerzos para lograr una mayor racionalidad económica y social del sector, promoviendo los cambios necesarios en el mediano y largo plazo que permitan consolidar un sistema integrado.
• Establecer una Comisión Permanente de Enlace entre: a) Prestadores y Financiadores, b) Recursos Humanos en Salud, c) Medicamentos, Insumos y Tecnología y d) Financiamiento y gasto en salud y el Ministerio de Salud.

Los debates de la Mesa de Educación se dirigieron a consensuar una plataforma de acción, viable y posible, para convertir en hechos la unánime coincidencia sobre el valor estratégico de la educación básica y universitaria, de la ciencia y la tecnología. En este sentido, hubo amplio consenso en el sentido que la educación, la ciencia y la tecnología no solo es una política de Estado, sino que a partir de ahora, deberá ser una política que exprese la alianza de la Sociedad Civil y del Estado frente a la crisis.

A partir de estos consensos globales, las entidades participantes y el Ministerio acordaron:

• destacar como ejes fundamentales: la equidad, la calidad, la educabilidad y la gobernabilidad participativa y democrática del sistema educativo
• Que valoran sustantivamente el derecho a la educación y el respeto a la diversidad.
• Que reafirman los consensos expresados en la Ley Federal de Educación y la voluntad de construir nuevos acuerdos en el ámbito del Consejo Federal de Educación
• Que es prioritario impulsar la formación en valores, especialmente frente a los nuevos desafíos sociales que plantea la crisis.
• Que en función de estos lineamientos se impulsarán políticas, programas y acciones tendientes a:

• Garantizar los esfuerzos para satisfacer las condiciones para el inicio del ciclo escolar y 180 días de clases.

• El desarrollo de nuevas iniciativas interjurisdiccionales y de coordinación entre el Estado y las organizaciones de la Sociedad Civil
• Priorizar la atención de las poblaciones más vulnerables en relación con el sistema educativo
• Impulsar la escolarización y atención temprana
• Atender las necesidades de los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo
• Impulsar programas que aseguren la terminalidad de la educación de adultos.

• Atender los tres elementos constitutivos del proceso educativo: alumnos, docentes y conocimiento.
• Impulsar la jerarquización de la formación docente y la articulación con las universidades.
• Mejorar la articulación entre los distintos niveles educativos y entre el Polimodal y la Universidad.
• Acrecentar la articulación entre educación y trabajo.

• Proponer la formación de una Comisión Permanente del Diálogo Argentino en Educación, Ciencia y Tecnología, que permita avanzar en la construcción de consensos.
• Conformar una red entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, los ministerios provinciales e instituciones educativas superiores para construir modelos organizativos adecuados a las distintas realidades escolares.

Que en consideración a las particularidades que presenta la actual crisis que atraviesa el país, es necesario que la Sociedad Civil así como el Estado realicen aportes concretos para garantizar el inicio del Ciclo Lectivo 2002, atendiendo las necesidades de la población escolar. Así, el Gobierno Nacional:

• Ha transferido los fondos correspondientes para efectivizar el pago de la primera cuota del primer semestre del 2001 del FONID.
• Ha dispuesto transferir el monto correspondiente al pago del 50% de 110.000 becas de seiscientos pesos cada una, destinadas a alumnos de familias de escasos recursos.
• Durante el transcurso del mes de marzo se entregan todos los útiles y material didáctico existente en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación a las diez provincias que muestran mayor vulnerabilidad en sus indicadores socio-educativos.

En relación con la Sociedad Civil, se consideraron las siguientes propuestas:

• Boleto Escolar para alumnos y docentes.
• Tarifas especiales para las escuelas por parte de las empresas proveedoras de energía eléctrica, gas y agua.
• Contribución de las empresas telefónicas y de comunicaciones para asegurar una amplia conectividad y servicios telefónicos más accesibles para las escuelas.
• Disponibilidad por parte de las editoriales de libros de ediciones rústicas más económicas.
• Compromiso de los medios de comunicación de masas para fomentar la educación a distancia a costos accesibles.
• Disponibilidad a valor de costo por parte del sector alimentario de un número reducido de productos esenciales de la dieta básica para el consumo en los comedores escolares.

A partir de estos consensos globales, las entidades participantes y el Ministerio acuerdan lo siguiente:

• Existe una relación insuficiente entre la producción de conocimiento científico y su utilización por parte de la sociedad, el Estado y las empresas.
• El sistema de educación superior y el científico tecnológico requieren de fortalecimiento institucional a la vez que políticas activas hacia su personal y los estudiantes.

Y plantean las siguientes propuestas:

• Avanzar con un programa compartido con empresas de modo tal que investigadores desarrollen estudios tecnológicos en empresas nacionales.
• Regionalizar y federalizar la implementación de la política científica, a la vez que se incrementa la articulación de las actividades entre las distintas instituciones del sector.
• Impulsar programas y proyectos estratégicos en áreas problema del país, salud, competitividad productiva, calidad de vida, etc.
• Impulsar propuestas legislativas como una ley de mecenazgo para la cultura, la ciencia y la tecnología e instrumentos con fondos fiduciarios.
• Incrementar significativamente la labor de extensión universitaria y de voluntariado que acompaña a las organizaciones no gubernamentales.
• Cooperar en forma inmediata en mejorar la calidad de la gestión de los entes de control y seguimiento, contribuyendo a la exigencia social de mayor transparencia.
• Restablecer el Consejo Nacional de Educación y Trabajo.
• Fortalecer la dinámica del Consejo de Universidades y sus organismos integrantes.
• Atender a la demanda social por mayor educación superior, incrementando la proporción de jóvenes egresados del secundario que prosiguen sus estudios.
• Reconocer la importancia de un financiamiento equitativo del sistema de educación superior y científico tecnológico.
• Otorgar al CONICET y a los demás organismos nacionales de Ciencia y Tecnología, la autonomía presupuestaria, al igual que las universidades.

La Mesa de Reforma Judicial, a partir de la reafirmación del respeto irrestricto a los mandatos de la Constitución Nacional, la independencia judicial, y la observancia de los principios del federalismo, y conscientes de la necesidad de asumir una Política de Estado en materia de Justicia, para así dar satisfacción a la clara e impostergable demanda social de una urgente y profunda modernización del Sistema Judicial que asegure su plena independencia funcional como garante de los derechos de los habitantes, la eficacia de su actuación, y la eficiencia en la administración de sus recursos, reconocen la existencia de deficiencias graves en el funcionamiento de la justicia que se traducen en:

Falta de Confianza e Independencia en la Justicia. Dificultades en el Acceso a la Justicia, Congestión y Demoras Jurisdiccionales, Deficiencias en el Sistema Administrativo, Insuficiente Capacitación, Precaria Infraestructura, Reformas Institucionales,

Sobre esta base, se han acordado los siguientes consensos:

• Constituir una Mesa de Trabajo Permanente que tendrá a su cargo la realización de talleres, y la supervisión del progreso en la ejecución de los proyectos que se detallan a continuación.
• Plan de Acción (Problemas, Soluciones, Responsables y Plazo):

Como punto de partida, la Mesa la sobre Reforma Política hizo suyos los contenidos del Acuerdo Federal para la Reforma del sistema Político, recientemente suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos de 22 Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El referido acuerdo sintetiza un proceso inicial de construcción de consensos referidos tanto a iniciativas de reducción del costo de la política como de reformas referidas a los partidos políticos, la estructura y funcionamiento de los poderes legislativos nacional, provinciales y municipales y el mejoramiento de la calidad de las instituciones, las reglas y los actores y procesos básicos de la política en la Argentina.

El eje central de los acuerdos alcanzados es el de la calidad de las instituciones, procedimientos, actores y procesos básicos de la actividad política. En una primera etapa, planteada por el Acuerdo Federal, se ha apuntado a un recorte drástico en los costos y privilegios de la política. En una segunda etapa, la reforma apunta a la conformación de herramientas nuevas, capaces de dar continuidad a los avances logrados y a asegurar la vigencia de los principios tradicionales de la Republica democrática, combinados con las exigencias de eficacia y eficiencia que toda reforma estatal comporta.

Entre los lineamientos consensuados en la Mesa, cabe señalar los siguientes:

• El desarrollo del sistema democrático supone un protagonismo central y responsable de los partidos políticos. La renovación de la política requiere tanto el fortalecimiento de los partidos como la integración de las nuevas formas de representación y participación de la ciudadanía.

• El debate sobre la reforma política no debe reducirse a la cuestión de los costos de la política. El objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la política y, como un aspecto central de la misma, las garantías de integridad, transparencia y control social.

• La renovación de la política requiere clarificar y transparentar el financiamiento de la actividad política, especialmente en las campañas electorales. Demanda también desarticular el sistema de privilegios de la política y develar los costos ocultos que generan la utilización de los recursos institucionales y económicos del Estado y los aportes privados en el mantenimiento de los aparatos políticos.

• La renovación de la política supone la necesidad de un protagonismo activo de ciudadanos cada vez mas informados y conscientes de sus derechos y responsabilidades. En tal sentido, la libertad de acceso a la información se convierte en una prioridad urgente e inexcusable.

• La reforma de la política supone un contexto que la favorezca definido por avances igualmente sustanciales en el campo de la Reforma del Estado. La introducción de exigencias de calidad en la gestión incidirá sobre la vida interna de los partidos, impulsando mayores niveles de preparación y compromiso de los dirigentes.

• La política debe recuperar la perspectiva del bien común, la equidad y la inclusión social, y la defensa del interés social ante las presiones corporativas y sectoriales que lo amenazan. La reforma debe crear una conciencia social acerca de su necesidad. No debe ser vista como un empeño de los partidos para asegurar sus posiciones sino como un esfuerzo de la sociedad en su conjunto.

• La reforma debe tener una proyección nacional y federal, evitando los sesgos y distorsiones que introducen los problemas de los grandes centros urbanos y sus áreas metropolitanas. En tal sentido debe profundizarse el consenso entre la Nación, las provincias y los municipios.

• La reforma política sólo puede ser abordada desde una perspectiva integral y de amplio acceso de todos los sectores de la comunidad a sus temas y problemas fundamentales. La reforma sólo será posible a partir de un compromiso y una tarea efectiva de todos los poderes públicos y de los diversos sectores sociales interesados en su mejoramiento, incluyendo organizaciones no gubernamentales, y el sector académico.

• La tarea de la Reforma debe comprometer a todas las instituciones, actores y sectores de la vida nacional. Debe subrayarse especialmente la importancia de una participación responsable de los medios de comunicación social.

La Mesa a probo también un cuerpo de principios orientadores, que deben presidir el trabajo futuro de la Reforma. Estos principios se refieren a las ideas de calidad, transparencia, inmediatez en la relación entre representantes y representados, eficiencia, acceso ciudadano a la información publica, proporcionalidad, protección de las minorías, pluralismo y apertura de los partidos a la consideración de nuevas formas de expresión y participación política.

La Mesa incorporó, como un anexo informativo complementario a su dictamen un conjunto de iniciativas de reforma específicas, que pueden ser objeto de los trabajos futuros del Dialogo Argentino. Dichas iniciativas se refieren , en general a aspectos diversos de la reforma del sistema electoral, régimen de los partidos políticos, regulación de campañas electorales, reformas el federalismo, financiamiento de la actividad político partidaria y sistema constitucional de la división de poderes.

Sumario

1. Considerar a la crisis como oportunidad

1. Considerar a la crisis como oportunidad

La Mesa de la Concertación Sociolaboral y Productiva, convocada por los Ministerios de Economía, de Producción y de Trabajo, con la participación activa de las organizaciones empresarias, sindicales y de la sociedad civil, en los marcos de la Mesa del Diálogo Argentino, ha llegado a consensos sobre propuestas de emergencia y lineamientos estratégicos. Ha contado con el apoyo institucional y técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El proceso de debate sobre la agenda establecida por la Mesa se ha caracterizado por la disposición de los participantes a focalizar las acciones inmediatas y acordar los lineamientos estratégicos en función del bien común y la conciencia de cada uno de los actores de que la grave crisis global (económica, política y social) que experimenta el país, exigía concesiones para alcanzar los consensos. Los consensos alcanzados no suprimen los disensos, que son lógicos en toda sociedad pluralista. Pero los participantes han ubicado a esos disensos todavía presentes en el interior del mundo del trabajo y la producción, para ser debatidos dentro de una agenda de largo plazo.

Se propicia la institucionalización de la Concertación Social, según el principio de seguir avanzando en la construcción de una cultura del diálogo social que permita alcanzar nuevos consensos sociolaborales para garantizar el éxito de un programa económico-social de desarrollo sustentable con justicia social y respeto a los derechos de los trabajadores en los marcos de la democracia política.

2. Enfoque global de los consensos alcanzados

La Mesa de la Concertación Sociolaboral y Productiva ha funcionado a través Comisiones de Trabajo:

1. Relaciones laborales y desarrollo sectorial, empresa y generación de empleo
2. Micro, pequeñas y medianas empresas, desarrollo local y sectorial
3. Seguridad social: transparencia y eficacia

Cada Comisión ha focalizado las acciones inmediatas o de emergencia, y las acciones vinculadas a lineamientos estratégicos con sus correspondientes medidas instrumentales. Las propuestas consensuadas en cada comisión son incluidas en el último punto de este documento. Corresponde ahora describir el enfoque global de los consensos alcanzados.

La solución a los problemas sociales y de empleo que afectan al país solo podrá enfrentarse exitosamente en un marco de recuperación económica y de desarrollo, lo que a su vez se vincula a los temas macroeconómicos y financieros que ocupan la mayor parte del tiempo del gobierno y la preocupación de la sociedad en su conjunto. No obstante, la concertación socio-laboral productiva considera que existe la necesidad de avanzar también a partir del ámbito socio-laboral sin esperar a que se resuelvan las incertidumbres mayores en los otros campos.

Ello es así, tanto por la magnitud de la brecha social que afecta millones de argentinos, como a la necesidad de actuar ante la emergencia. Se requiere buscar soluciones dentro de nuestras posibilidades. Todos podemos y debemos contribuir. El desafío es superar el derrotismo, la bronca y el individualismo que inmoviliza al país y pasar a la convicción de reconocer que juntos y de manera solidaria podremos revertir el grave deterioro social que estamos viviendo.

La concertación requiere renunciar o postergar aspiraciones, legítimas en la mayoría de los casos, pero al mismo tiempo tomar conciencia de las compensaciones que se reciben en el proceso. De la búsqueda de culpables y el traslado colectivo de responsabilidades, también legítimo y comprensible, se debe pasar a las soluciones reconociendo las fuertes limitaciones que enfrentamos. Bajo estos principios se acordaron acciones en el campo socio-laboral que se detallan en este informe.

Para ello, la Mesa de Concertación Sociolaboral Productiva propone un conjunto de acciones acordadas por las tres Comisiones de Trabajo mencionadas. Del conjunto de propuestas, detalladas más abajo por comisión, surgen las siguientes líneas propositivas centrales:

1. Promover la reactivación de las empresas, particularmente las Micro y PyMES, en una perspectiva que concilie una estrategia de restablecer cadenas de valor hoy día seriamente afectadas, que identifique sectores, regiones y empresas que ameriten ser apoyadas.
2. Crear para este propósito nuevos instrumentos financieros como los Fondos Fiduciarios con el objeto de restituir la cadena de pagos y generar capital de trabajo.
3. Adaptar instrumentos existentes como el uso del seguro de desempleo para financiar el mantenimiento del empleo en empresas bajo concurso o quiebra y ampliar su accesibilidad.
4. Introducir mecanismos ágiles para que las micro y PyMES puedan acceder a programas de asistencia crediticia, tecnológica, de gestión, de calidad, de capacitación y de accesos a los mercados.
5. Preservar el empleo en situaciones de crisis empresaria. Mejorar los medios de intervención preventiva para empresas en crisis con el objeto de preservar el empleo. Adoptar una perspectiva sectorial para el análisis y resolución de la crisis sociolaboral en las empresas. Combinación de suspensiones con acciones de recapacitación y recolocación de trabajadores. Analizar la ampliación de los plazos de suspensión con prestaciones no remunerativas con cobertura social, para mantener el vínculo laboral.
6. Toda empresa que reciba beneficios del Estado en forma directa (ej. crédito fiscal y reducción de aportes patronales) ó indirecta (derivados de subsidios o exenciones con aplicación específica) deberán ofrecer como contrapartida el mantenimiento del nivel de empleo y el "blanqueo" integral de los trabajadores de esa unidad productiva.

Este conjunto de medidas configura un nuevo trato que privilegia la recuperación productiva y el empleo, mientras que a la vez requiere de contribuciones de los agentes involucrados, incluyendo el gobierno. Esperamos con ello disminuir los problemas pero además, nos proponemos consolidar principios compartidos e introducir nuevas prácticas de vinculación entre los actores productivos que, superada la emergencia, pueda constituir una nueva forma de cooperación productiva.

Como parte esencial de la transformación de las empresas se promoverá la formación profesional continua con la participación de los actores sociales, y la identificación de fuentes de financiamiento para políticas generales o sectoriales, así como la transversalidad de la formación profesional en las relaciones laborales, empleo y seguridad social.

Se garantizará la máxima transparencia en la operación de los programas sociolaborales productivos, a través de formas de control social adecuadas que integre la participación efectiva de los actores. En esta dirección se ha elaborado un proyecto específico del control público durante la vigencia de la emergencia social. Se implementarán mecanismos de articulación en el nivel del Estado para responder con soluciones integrales y eficaces a los problemas sociolaborales y productivos.

El Gobierno Nacional, con el concurso de las partes sociales firmantes, se compromete a elevar los pertinentes proyectos legislativos a fin de dar inmediato cumplimiento a los acuerdos alcanzados. A tal efecto, se conformará un Comité Técnico Redactor representativo de los abajo firmantes, que se abocará a la preparación y redacción de los proyectos y textos emergentes del presente Acuerdo.

Como resultado de las reuniones mantenidas los días Sábado 16, Miércoles 20 y Sábado 23 de Febrero del presente año se ha consensuado entre los distintos actores socio-productivos presentes la identificación tanto de las urgencias coyunturales derivados de la actual crisis económica social así como los problemas de carácter estructural que deberían abordarse y que hacen al crecimiento económico sustentable.

En líneas generales los temas que motivaron mayor reiteración en las exposiciones de los presentes estuvieron orientadas hacia la protección del empleo, el financiamiento de las PyMES, la necesidad de reactivación del mercado interno y la visión del crecimiento y del desarrollo desde una perspectiva sectorial/regional.

Se planteó como prioritaria la atención de la emergencia alimentaria en la actual coyuntura y que los recursos para solucionar la brecha social surjan de los sectores económicos que más se han beneficiado durante la última década, así como por las recientes medidas adecuadas (pesificación de los pasivos).

Se evidenció un proceso de maduración del diálogo desde una primera etapa de reclamos generales y manifestación de posiciones sectoriales a una segunda etapa de confluencia a los temas específicos señalados en el párrafo anterior.

Es de destacar el clima de trabajo cordial y colaborativo que primó en todo momento.

Dentro de la diversidad de los temas planteados en ambas reuniones se abordó la necesidad de acordar una lista corta de acciones que posibiliten la armonización de intereses sociales así como un mínimo escenario de consensos básicos.

Sobre la base de lo señalado y como resultado de las reuniones se definieron cuatro ejes temáticos para los cuales se elaboraron propuestas específicas.

1. Proponer mecanismos consensuados a niveles general, sectorial, regional o de empresa, de contención del empleo en situaciones de crisis empresaria. Mejorar los medios de intervención preventiva para empresas en crisis con el objeto de preservar el empleo. Adoptar una perspectiva sectorial para el análisis y resolución de la crisis sociolaboral en las empresas. Articulación de recursos crediticios, tecnológicos, comerciales y de seguridad social. Combinación de suspensiones con acciones de recapacitación y recolocación de trabajadores.
2. Adecuar la reglamentación de situaciones de despido por razones económicas fundadas (cierre de empresas, desaparición de mercados de productos evitando en lo posible todo despido arbitrario). Desarrollar mecanismos ágiles que actúen en la prevención de los despidos.
3. Implementar mecanismos de articulación en el nivel del Estado para responder con soluciones integrales eficaces a los problemas sociolaborales y productivos.
4. Búsqueda de financiamiento dirigida a actividades productivas (cadenas de valor) y empresas PyMES para preservar y generar empleos en sectores económicos con desempeño competitivo.
5. Toda empresa que reciba beneficios del Estado en forma directa (ej. crédito fiscal y reducción de aportes patronales) ó indirecta (derivados de subsidios o exenciones con aplicación específica) deberán ofrecer como contrapartida el mantenimiento del nivel de empleo y el "blanqueo" integral de los trabajadores de ésa unidad productiva.
6. Promover la Formación Profesional continua con la participación de los actores sociales, como componente esencial de la nueva cultura de la empresa. Necesidad de definir fuentes de financiamiento para políticas generales ó sectoriales. Transversalidad de la formación profesional en las relaciones laborales, empleo y seguridad social.

En función de los lineamientos antes explicitados (ejes) se han propuesto medidas concretas tendientes a dar respuesta a los mismos

Mecanismos de preservación del empleo. Sin perjuicio de la existencia de un marco normativo que suspende los despidos injustificados y arbitrarios (Ley de Emergencia Económica) surgió como propuesta la necesidad de un Acuerdo Tripartito en el cual los actores intervinientes (CGT, Sector empresario y Gobierno) se comprometen a discutir los siguientes puntos:

• Discusión de la problemática socio-productiva desde una visión sectorial/regional.

• Convocatoria a una Mesa de Acuerdo para la Micro y Pyme con la participación de las entidades representativas, organizaciones de los trabajadores y del Estado, con el propósito de articular recursos y procesos de cambio para la reactivación productiva, la generación y preservación del empleo.

• Reducción/Suspensión de los aportes patronales de las empresas PyMES por 180 días. En caso de una reducción se debería plantear en función de criterios sectoriales y regionales específicos que además contemplen las situaciones de pobreza en los territorios y regiones.

• Procurar la preservación del poder adquisitivo del salario a través de absorber lo más posible el costo de la devaluación evitándose una espiral precios – salarios. Armado de una canasta básica de productos de primera necesidad.

• Ampliar las condiciones de acceso al seguro de desempleo, en especial en lo que atañe a los trabajadores informales, con el compromiso de la capacitación o de la realización de trabajo social.

• Analizar la flexibilización del sistema de suspensiones en el marco de la emergencia laboral.

• Fomentar los contratos de tiempo parcial.

• Analizar la posibilidad de creación del Consejo Económico Social.

• Analizar otros instrumentos de pago de las remuneraciones en el marco de la emergencia laboral.

PyMES. Promover herramientas modernas y ágiles de financiamiento, con el propósito de preservar y generar empleos.

Dada la crítica situación del sistema financiero argentino que imposibilita el acceso al crédito para las PyMES, se propusieron como alternativas las siguientes:

• Impulso y desarrollo del instrumento de la factura conformada de uso obligatorio.

• El desarrollo del Sistema de Garantías Recíprocas (SGR) a nivel de cadenas productivas.

• Estudiar la posibilidad de constituir Fondos Fiduciarios, con el objeto de restituir la cadena de pagos y generar capital de trabajo para PyMES y Microemprendimientos.

• Crediticia (Banca Pública) en lo que hace por un lado al redireccionamiento de líneas de asistencia financiera hoy existentes en función de problemas de crisis ocupacional así como mejorar la difusión de las oportunidades crediticias en las regiones.

• Impositiva. Simplificación de trámites burocráticos y mejoramiento de los controles, a los efectos de combatir la evasión, el contrabando y el trabajo en negro.

• Comercio Exterior. Mejora de los sistemas oficiales de asistencia en especial a las PyMES.

• Tecnología. Mejora de la asistencia técnica

• Educación. En lo que hace a la articulación de la oferta educativa con las necesidades del mundo del trabajo.

Fortalecimiento del Tejido Productivo. Se propone la implementación de Pactos Territoriales similares a los de la experiencia italiana con el objeto de propugnar el desarrollo local a través del fortalecimiento de clusters y cadenas de valor mediante instrumentos financieros, impositivos, de asistencia tecnológica, y de capacitación

Formación Profesional: Desarrollar políticas de Estado tendientes a la creación de un Sistema Nacional de Formación Profesional, con gestión tripartita, y con la instrumentación de Foros Sectoriales para relevar la demanda y que de los mismos surjan programas sectoriales de capacitación.

Propuestas sectoriales

• Fomentar actividades agropecuarias intensivas en el uso de mano de obra y de tipo familiar (por ej. producción porcina/lactea).

• Estudiar aportes para la constitución de capital de trabajo a través de la creación de fondos fiduciarios. Hubo diversas propuestas respecto del financiamiento de dichos fondos: a) la contribución por única vez retornable a largo plazo y aplicado a los beneficios netos derivados de la pesificación de los pasivos a partir de un monto que se determinará; b) la integración de un porcentaje derivado de un tributo a las exportaciones, teniendo en cuenta los beneficios por la modificación del tipo de cambio; c) gravando las utilidades de quienes más tienen; entre otras propuestas de enunciación más general.

• Desarrollar acciones que limiten el comercio ilegal y el transporte ilegal.

• El uso de la factura fiscal para monotributistas.

Propuestas de tratamiento particular:

• Modificar la categorización de las PyMES utilizando como criterio solo la facturación

En el marco de la Mesa del Diálogo Argentino, la Mesa de la Concertación Sociolaboral y Productiva sesionó los días 16, 20 y 23 de febrero, con la participación de representantes de organismos gubernamentales, entidades académicas y gremiales, empresariales y de trabajadores, y otras organizaciones no gubernamentales.

Es importante incluir en el presente Informe el mensaje de la Iglesia, acerca de la urgencia de buscar formas consensuadas de solución a la emergencia social, expresada en líneas de política pública, normas legales, etc., que cuenten con la validación otorgada por las reuniones de la Mesa del Diálogo Argentino, y con el compromiso de sus participantes para lograr su formulación y cumplimiento.

Se ha enfatizado el concepto de "inédita disgregación social y ética ", la necesidad de recomponer la idea del "bien común" anteponiendo lo colectivo a lo sectorial y, citando el mensaje del Sumo Pontífice a los obispos argentinos, la necesidad de realizar un examen de conciencia que "inspire una epopeya argentina".

Se recordó, además, la situación de extrema pobreza del 40% de los argentinos, remarcando la necesidad de generar un clima de solidaridad y la reconstrucción de la escala de valores que posibilite que "los argentinos sean atendidos por los propios argentinos", a través de medidas inmediatas.

Existió, en general, amplio consenso por parte de las instituciones en cuanto a su compromiso para superar la gravedad de la coyuntura.

Los lineamientos generales que establecieron el marco de las discusiones, caracterizados como "objetivos de la sociedad", que tiendan al gran objetivo mayor de recuperar la confianza de la población, tender a un país integrado, reencontrar una identidad nacional y fortalecer el concepto de Nación, son los siguientes:

• determinación del perfil productivo argentino que brinde mayor valor agregado a la actividad económica, como basamento de la formulación de políticas de empleo sustentable, bajo el concepto: "sacar el mayor partido de la devaluación";

• distribución más equilibrada de la riqueza, traducida en el ingreso, como factor de desarrollo económico e inclusión social;

• modificar el peso de las cargas impositivas y financieras para favorecer a los que menos tienen;

• generar acciones que sustenten el desarrollo local y regional;

• generar acciones de educación y formación que mejoren el perfil de empleabilidad de la población y asimismo contribuyan a la competitividad de las empresas;

• revalorizar el capital humano subutilizado, disponible en el país para colaborar en el proceso de reconstrucción productiva

• fomentar criterios de solidaridad que se traduzcan en formas asociativas de producción;

• fomentar la articulación y complementación de los programas existentes en las distintas áreas del Sector Público, Privado y Social vinculadas a la temática, integrando organismos científicos y técnicos, de la producción y el empleo y de la acción social

• consolidar sistemas de participación social y de consensos en todos los niveles que actúen en la propuesta de proyectos, su puesta en marcha, seguimiento y control, para garantizar la transparencia de su gestión.

Se establecieron acuerdos sobre los siguientes puntos:

1. Atender prioritariamente a la situación de emergencia laboral, a través de la universalización de las prestaciones por desempleo, tendiendo a la generación de proyectos productivos.
2. Impulsar propuestas de proyectos con impacto en el empleo, para lo que serán tomados en cuenta, como insumos, entre otros, los proyectos presentados por las instituciones a la Mesa del Diálogo.
3. Tender a la reactivación de sectores productivos con mayor capacidad de generación de ocupación y riqueza.
4. Desarrollar políticas consensuadas que tiendan a sostener el sector MiPyME.

• Descentralización operativa hacia provincias y municipios.

• Generación de una ventanilla única del Ministerio de Trabajo, donde confluyan distintos niveles de atención.

• Diseño de y mecanismos de orientación, asistencia técnica, información, capacitación para el mejoramiento de la gestión y la calidad de sus productos y servicios, orientando la incorporación de tecnologías convenientes.

• Simplificación de trámites y procedimientos para el establecimiento de nuevas empresas.

• Facilitar el acceso de las MiPyMES a la capitalización y al crédito ,vinculando su asignación a la evaluación de los proyectos.

• Elaboración y gestión de normas específicas, leyes o decretos, consensuados por la expresión de los actores, para dar marco legal a las medidas a encarar.

• Impulso del Compre Nacional y/o Local – Desarrollo de proveedores locales que puedan competir en ese marco, bajo normas de calidad.

• Diversificación de fuentes de financiamiento, más allá de las que emergen del presupuesto público, en particular recursos internacionales y contribución de los grupos económicos más favorecidos.

• Eliminación de trabas y discriminaciones legales e instrumentales al sector social de la economía, en particular la Red del Trueque, ONG’s que contribuyan a la economía social, cooperativas, mutuales, etc.

• Mejorar la articulación de las distintas áreas del Estado involucradas en la temática sociolaboral productiva .

• Otras propuestas se acompañan en los Anexos

Estas acciones hacen necesario consolidar sistemas novedosos de participación social que posibiliten la expresión de todos los actores del mundo de la producción y del trabajo, tanto para la propuesta de políticas adecuadas como para su ejecución y seguimiento, mencionando como ejemplo:

• Impulsar la organización de Consejos a nivel Local con participación de los actores y el Municipio
• Impulsar la instalación y fortalecimiento del Consejo Económico y Social de la Argentina

Consideramos de vital importancia que se garanticen las acciones conducentes a dar continuidad a las actividades de concertación

Para ello, se planteará la conformación de Mesas de Trabajo Sectoriales donde interactúen representantes de las distintas ramas de la actividad, para discutir y consensuar medidas de política concreta, tanto en el marco de la emergencia como hacia el mediano plazo.

Constituirá una valiosa guía para esta actividad, el conjunto de propuestas expresadas por los actores tanto en las Mesas del Diálogo como en los numerosos documentos aportados que obran como Anexo.

La Comisión de Trabajo Seguridad Social: Transparencia y Eficacia, dentro de la Mesa de Concertación Sociolaboral Productiva, realizó tres reuniones los días 16, 20 y 23 de febrero de 2002 con la participación de 53 representantes de organismos gubernamentales, entidades académicas, gremiales, empresariales y de trabajadores y organizaciones no gubernamentales. Se adjunta lista.

Se destacó muy especialmente el interés de los participantes en la continuidad de la Comisión de Trabajo de Seguridad Social, en la institucionalización del diálogo social que se realice en el futuro inmediato, mediante el Consejo Económico- Social.

Los lineamientos generales que establecieron el marco de las discusiones pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Se reafirmaron los principios generales de la Seguridad Social y se insistió en la necesidad de poner en vigencia la solidaridad, universalidad, igualdad, confiabilidad, sustentabilidad, subsidiaridad, gestión eficiente y transparente. Se cumplirán estos principios a medida que se avance en la eliminación de privilegios y la incorporación de los ciudadanos que aún se encuentran sin protección frente a las contingencias sociales y personales como la vejez, invalidez o falta de ingresos.

• La eliminación del clientelismo político estuvo permanentemente en el centro de las discusiones, como así también la necesidad de la utilización del potencial de la sociedad a través de las organizaciones del tercer sector para el seguimiento y control civil de los programas.

• Los reclamos por mayor eficiencia y transparencia fueron una preocupación permanente de los participantes y, en ese sentido, se puntualizó la necesidad de una adecuada complementación entre la ANSES y las AFJP, el desarrollo de sistemas y procesos de calidad en el sector público y la gestión por resultados, el establecimiento de un Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales tendiente a evitar desviaciones inapropiadas de recursos y la mejora del servicio de pago de prestaciones.

• Los procesos de Armonización y Coordinación de los distintos regímenes fueron destacados como fundamentales en el desarrollo de políticas de seguridad social a fin de hacer efectivos los principios de igualdad y asegurar el mantenimiento del derecho a los trabajadores que participen en más de uno de ellos.

La Comisión llegó a establecer acuerdos sobre los siguientes aspectos prioritarios:

1. Eliminar definitivamente las prestaciones de privilegio, entendidas como regímenes especiales con exigencias menores sin justificación precisa para el acceso a las mismas o con haberes mayores que los del régimen general que no provengan de regímenes complementarios de previsión. Asi como proponer la eliminación de la facultad de otorgar discrecionalmente pensiones graciables.
2. Extender la cobertura a través de la instrumentación de un Beneficio de Pensiones Básico No Contributivo, dentro del régimen de seguridad social para toda persona cuya condición de salud o edad le impida obtener ingresos, incluyendo prestaciones. El otorgamiento deberá considerar un estricto control de falta de medios de subsistencia.
3. Extender la cobertura a través del desarrollo de regímenes y procedimientos de recaudación de los aportes y contribuciones previsionales que consideren las características de actividades específicas de carácter discontinuo como la de los trabajadores rurales, entre otros. Diseñar programas diferenciales teniendo en cuenta cada actividad.
4. Extender la cobertura de las Prestaciones por Desempleo a través de diversas modalidades contributivas (seguro de desempleo) y no contributivas (programas de empleo directo y subsidios). Establecer como condición la participación en programas de empleo productivo o capacitación profesional.

Además de los aspectos prioritarios anteriores se acordó impulsar los siguientes consensos:

1. Estudiar el mecanismo que permita el traspaso del Régimen de Capitalización al de Reparto a los trabajadores que así lo deseen, en condiciones que eviten desequilibrios y desestabilización del sistema.
2. Fortalecer el sistema de recaudación de aportes y contribuciones combatiendo la evasión y elusión. mejorar las instituciones competentes devolviendo al Ministerio de Trabajo las facultades de gestión del sistema, con participación en la toma de decisiones de los entes gestores de los distintos programas de la seguridad social y utilizando metodologías de inteligencia tributaria.
3. Nivelación de los aportes personales en el 11% para los afiliados al régimen de capitalización con el objeto de evitar desequilibrios en el sistema y deterioro del nivel de las prestaciones de los trabajadores con opción al mismo.
4. Estudiar alternativas para eliminar el limite máximo de la Base Imponible Previsional que se considera para efectuar los aportes y contribuciones de tal manera que se calculen sobre la totalidad de los ingresos, fortaleciendo la solidaridad del sistema.
5. Fortalecer la prevención en riesgos del trabajo mediante el impulso de programas y campañas que tiendan a desarrollar una cultura de la prevención y de la previsión, apoyando especialmente a las PyMEs. Fortalecer el rol de las provincias en la instrumentación de estas medidas.
6. Fomentar la cultura de la previsión, el ahorro y seguro social a través de campañas de divulgación, programas de capacitación y otros instrumentos de comunicación social y del respeto de cotizaciones e inversiones realizadas por afiliados y entes gestores de la Seguridad Social.

Otros temas considerados como relevantes para la Agenda futura de diálogo que no alcanzaron a ser discutidos y que no pretenden ser una lista exhaustiva son:

• Necesidad de analizar el rol de los regímenes de reparto y capitalización, en función de su capacidad de cumplimiento de los objetivos de la Seguridad Social.

• Impacto en el Presupuesto Nacional de la reforma del régimen previsional

• Acumulación para el futuro versus actual crisis nacional

• Nivel de las prestaciones (incluyendo la posible eliminación del descuento del 13%) y la movilidad en ambos regímenes

• Gestión de las inversiones de los fondos

• Establecimiento de mecanismos que permitan completar los aportes requeridos para obtener la jubilación a aquellos trabajadores cesantes poco antes de la edad, por convenios con las empresas u otros métodos.

Entre las entidades representativas del sector salud por una parte, integradas por: Confederación Medica de la República Argentina (COMRA), Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA), Confederación Farmacéutica de la República Argentina(COFA), Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA), , Cámara de Instituciones de Diagnóstico Medico (CADIME), Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), Consejo Federal de Salud(COFESA)Asociación de Clínicas de la República Argentina (ADECRA), Asociación de Entidades de Medicina Prepaga (ADEMP), Colegio Oficial de Bioquímicos y Farmacéuticos de la Capital Federal , Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGBA), Cámara Argentina de Proveedores de Insumos Hospitalarios, Asociación Medica Federal (AMF), Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), Asociación Civil de Actividades Medicas Integradas (ACAMI), Confederación de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina (COSSPRA), Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina (AFACIMERA), Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA), Cámara de Instituciones Medico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA), Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), Federación de Obras Sociales de Dirección, Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Confederación General de Profesionales de la República Argentina, Federación Médica de Capital Federal (FEMECA), Organización Iberoamericana de Seguridad Social(OISS), Foro Regional de Salud, Cámara Argentina de Distribuidores e Importadores de Equipos Médicos (CADIEM), Sociedad Rural Argentina, Red Solidaria de Profesionales de la Salud, Federación de Cooperativas Farmacéuticas, Confederación Argentina de Mutualidades, Federación Argentina de Graduados en Nutrición, Federación de Psicólogos de la República Argentina, Federación de Obstétricas de la República Argentina, en adelante LAS ENTIDADES, y el Ministerio de Salud de la Nación por otra, representado en este acto por su titular Dr. Ginés González García, en adelante EL MINISTERIO, y bajo el auspicio y supervisión de las Comisiones de Salud de la Honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación y de los siguientes organismos internacionales: UNICEF, OPS, y Naciones Unidas, quienes a tal efecto suscriben la presente, se conviene establecer un ACTA ACUERDO DE COMPROMISO SECTORIAL DE SALUD en el marco de la Mesa del Dialogo Argentino que propone el Gobierno Nacional y DECLARAR que:

La situación sanitaria nacional no escapa a la profunda crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país. La extrema gravedad con la cual se ha presentado este particular escenario para los actores del sector y la sociedad en su conjunto, esta llevando a un virtual colapso del sistema que, en la última década mantenía aún su funcionamiento, si bien de manera desarticulada, fragmentada y disarmónica.

La velocidad y complejidad de la crisis, la profunda regresión social en la que se encuentran sumidos miles de argentinos y la fragmentación del poder en el sistema sanitario compromete la viabilidad del mismo, la prestación de servicios y amenaza con el deterioro de las condiciones de salud de la población llenándola de incertidumbre.

A pesar de la importante red de recursos sanitarios públicos y privados del país, la dispersión de objetivos y esfuerzos ha impedido que el conjunto prestacional alcanzara el carácter sistemático que requiere toda acción ordenada y eficiente.

Este hecho cobra mayor evidencia en este momento histórico donde todos los actores del sistema atraviesan serios problemas.

La mayoría de los actores del sector coincide en la necesidad de buscar espacios confiables y efectivos de acuerdo que permitan superar la coyuntura y promover los cambios necesarios en el mediano y largo plazo. En tal sentido, se hace impostergable reproducir en este ámbito la concertación sectorial que propone el Gobierno Nacional en el marco de la Mesa de Diálogo Argentino.

En tiempos de crisis, surge como necesidad estratégica en el campo sanitario el rol del Ministerio de Salud Nacional para delinear políticas que aseguren la protección de la salud de todos nuestros conciudadanos. De la misma forma, resulta imprescindible el compromiso de los actores del sistema para cristalizar estos objetivos. En ese sentido, el Ministerio de Salud cree firmemente que la participación fortalece los consensos y da pertenencia al encuadre, formulación y aplicación de políticas.

La Mesa Sectorial de Salud se convertirá así en el marco político para viabilizar los consensos, en el camino propicio para legitimar la búsqueda de una mayor racionalidad económica y social del sector, y en una herramienta para responder de la mejor manera posible a las necesidades de salud de la población así como a los intereses particulares de los actores involucrados en ello.

Sabemos que el presente es consecuencia de todas nuestras acciones e inacciones pasadas y que el futuro será aquél que seamos capaces, entre todos, de construir.

Un futuro saludable se modela entre todos y para todos. Es ese nuestro desafío y nuestro testimonio para más y mejor salud.

Es por ello que LAS ENTIDADES y EL MINISTERIO ACUERDAN:

PRIMERO: Considerar la persona humana como sujeto del sistema de salud, y a la salud como un derecho inalienable.

Jerarquizar las Políticas sanitarias como políticas de Estado, recuperando el rol del Ministerio de Salud de la Nación.

SEGUNDO: Comprometerse a sostener y mejorar las actividades del sistema de salud tendientes a evitar el impacto sanitario de la crisis socioeconómica.

TERCERO: Promover estrategias y acciones destinadas a reducir el riesgo sanitario y epidemiológico para el conjunto de la población y proteger especialmente a los grupos más desfavorecidos y/o vulnerables. A tal efecto se impulsaran aquellas actividades que prioricen la promoción y prevención de la salud, especialmente aquellas relacionadas con la salud materno infantil, que permitan reducir la morbimortalidad por enfermedades nutricionales e infectocontagiosas y otras prevenibles, fomentando la participación activa de las entidades y sociedades que solidariamente aporten a este objetivo. Asimismo, se avanzara en la implementación compartida de políticas activas para aquellas patologías no transmisibles de alto impacto sanitario y social.

CUARTO: Establecer los instrumentos adecuados para resolver la emergencia sanitaria, a fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos y privados de atención de la salud, y a promover los marcos específicos que permitan hacer sustentables los actuales modelos financiadores y prestadores asegurando la continuidad de los servicios y garantizando el cumplimiento de sus objetivos.

QUINTO: Promover acciones destinadas a mejorar la accesibilidad a los servicios de salud, tendientes a recomponer el acceso al medicamento y al insumo crítico para la atención médica, así como rever las prestaciones que deben ser aseguradas en el Programa Medico Obligatorio, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria actual.

SEXTO: Comprometer esfuerzos para lograr una mayor racionalidad económica y social del sector, promoviendo los cambios necesarios en el mediano y largo plazo que permitan consolidar un sistema integrado entre sus distintos niveles y componentes de salud en el territorio argentino y reconvertir los servicios de salud a fin de dotarlos de mayor eficiencia y eficacia en su accionar.

SEPTIMO: Establecer una Comisión Permanente de Enlace entre las Mesas de Trabajo de: a) Prestadores y Financiadores, b)Recursos Humanos en Salud, c) Medicamentos, Insumos y Tecnología y d) Financiamiento y gasto en salud y el Ministerio de Salud para analizar y proponer alternativas que permitan elaborar políticas para el mediano y largo plazo, convocando para ello a todos los actores del sector a producir acciones a favor de la calidad de vida de los argentinos sin distinciones ni exclusiones.

Para tal fin se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto para ser entregados a: el Gobierno Nacional, La Iglesia, Naciones Unidas y el Ministerio de Salud en el Colegio Jesús María, sito en la calle Talcahuano 1260 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de febrero de 2002.

Sr. Ministro de Salud de la Nación Argentina

Dr. Ginés González García

En el seno del Dialogo Argentino, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, se reúne la mesa sectorial integrada por un amplio conjunto de instituciones del Sector Educativo, de la Ciencia y la Tecnología y del conjunto de la Sociedad Argentina.

Los intercambios del Dialogo Argentino se enmarcan en el contexto de grave emergencia social, económica e institucional del país. El objetivo del debate de la Mesa Sectorial se dirige a consensuar una plataforma de acción, viable y posible, para convertir en hechos la unánime coincidencia sobre el valor estratégico de la educación básica y universitaria, de la ciencia y la tecnología. El diseño de una política de Estado sectorial se dirige, a la vez, al cumplimiento de una obligación estatal y de un derecho humano ineludible, que mejora las condiciones de vida de los sujetos produciendo externalidades positivas para el conjunto de la sociedad, y constituye un área de intervención que construye capacidades para el desarrollo humano sustentable, la solidaridad y la justicia social.

Gracias a la disposición y espíritu de verdadero diálogo mostrado por todos los participantes, ha sido posible avanzar en un dialogo realista, partiendo de la crisis actual como oportunidad, para reafirmar el consenso básico sobre los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes. El debate se enmarcó en los limites impuestos por el volumen de los recursos del Estado y por el hecho de que en el contexto de la emergencia, la inversión en el sector educación, ciencia y tecnología, adquiere todavía un carácter más estratégico que en momentos de normalidad. Hubo amplio consenso que la educación, la ciencia y la tecnología no solo es una política de Estado, sino que a partir de ahora, deberá ser una política que exprese la alianza de la Sociedad Civil y del Estado frente a la crisis. Por que sin escuela no se puede, pero la escuela sola no puede.

A partir de estos consensos globales, las entidades participantes y el Ministerio acuerdan:

Que el diagnostico expresado en el documento base considerado en el debate refleja la realidad educativa del país, al destacar como ejes fundamentales:

La equidad, para asegurar la inclusión, permanencia y egreso de los estudiantes, en los tramos de edades correspondientes a los distintos niveles del sistema educativo;

La calidad para mejorar la educación que se imparte en todos los niveles, garantizando la distribución democrática de conocimientos socialmente relevantes y pertinentes, para que ir a la escuela implique un desarrollo de las capacidades individuales y colectivas, fortaleciendo la educación en valores para que los estudiantes recuperen el sentido de Nación, prioricen el bien común y hagan propios los principios de la solidaridad, la tolerancia y el respeto por los otros;

La educabilidad que debe ser garantizada para todos, a pesar de las condiciones sociales agravadas por la emergencia, y para que la escuela genere las condiciones de integración material y simbólica que muchos hogares no pueden ya garantizar;

La gobernabilidad participativa y democrática del sistema educativo, atendiendo a los problemas de financiamiento, asignación y uso de recursos, los derechos y obligaciones mutuas de docentes y comunidades educativas que promuevan innovaciones, crecientes grados de autonomía de los sujetos del proceso educativo, que en su conjunto mejoren la equidad y calidad con que se distribuye la educación, en un país orientado hacia un desarrollo humano sustentable con justicia social y equidad distributiva.

Que valoran sustantivamente el derecho a la educación y el respeto a la diversidad.

Que reafirman los consensos expresados en la Ley Federal de Educación y la voluntad de construir nuevos acuerdos en el ámbito del Consejo Federal de Educación, para desarrollar un proyecto educativo que tenga en cuenta las diversidades provinciales y locales con la participación de todos los sectores.

Que se reconoce el esfuerzo permanente de docentes, alumnos y de las comunidades educativas en la totalidad de las escuelas del país, y se destacan las numerosas experiencias innovadoras desarrolladas con éxito dentro del sistema educativo, que constituyen un capital fundamental para construir un proyecto educativo participativo.

Que es prioritario impulsar la formación en valores, especialmente frente a los nuevos desafíos sociales que plantea la crisis.

Que es fundamental afianzar y promover la integración social en el ámbito escolar sin afectar el rol pedagógico de la escuela y desarrollar acciones en el sistema educativo que den contención a los alumnos y docentes, muy especialmente a los más afectados por la crisis social actual.

Que en función de estos lineamientos se impulsarán políticas, programas y acciones tendientes a:

En la dimensión de la equidad y la educabilidad:

• El desarrollo de nuevas iniciativas interjurisdiccionales y de coordinación entre el Estado y las organizaciones de la Sociedad Civil que haga más eficiente el uso de los escasos recursos en la atención de las urgencias sociales fortaleciendo la centralidad de la escuela.
• Priorizar la atención de las poblaciones más vulnerables en relación con el sistema educativo, que corresponden a las niños de hogares pobres de los cuarenta y cinco días a los cinco anos, es decir previo a su ingreso al nivel pre-escolar y de los adolescentes excluidos de los niveles de educación media (EGB3 y Polimodal).
• Para impulsar la escolarización y atención temprana se propone el desarrollo de programas específicos, que a partir de la rica experiencia nacional e internacional existente, sume los esfuerzos del sistema educativo, de otras agencias estatales y de las organizaciones de la Sociedad Civil, para garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades para todos, en particular de los más necesitados. En ese sentido, se destacó la necesidad de aplicar Planes Trabajar a las madres que colaboren con la atención de los niños en programas comunitarios.
• Para atender las necesidades de los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo deben impulsarse también programas específicos y plantearse metas definidas de incorporación y retención creciente al sistema educativo.
• Para la obtención de los recursos necesarios para desarrollar estos programas es fundamental la contribución de los sectores económicamente favorecidos, al igual que los aportes de instituciones de la Sociedad Civil, muchas de las cuales comprometieron su apoyo en el transcurso de la reunión.
• Impulsar programas que aseguren la terminalidad de la educación de adultos.

En la dimensión de la calidad:

• Garantizar los esfuerzos para satisfacer las condiciones para el inicio del ciclo escolar y 180 días de clases.
• Atender los tres elementos constitutivos del proceso educativo: alumnos, docentes y conocimiento.
• Impulsar la jerarquización de la formación docente y la articulación con las universidades.
• Desarrollar una formación integral.
• Mejorar la articulación entre los distintos niveles educativos y entre el Polimodal y la Universidad.
• Acrecentar la articulación entre educación y trabajo.

En la dimensión de la Gobernabilidad:

• Prponer la formación de una Comisión Permanente del Diálogo Argentino en Educación, Ciencia y Tecnología, que permita avanzar en la construcción de consensos.
• Conformar una red entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, los ministerios provinciales e instituciones educativas superiores para construir modelos organizativos adecuados a las distintas realidades escolares.
• Instar al Poder Legislativo para que, al tiempo de la sanción del Presupuesto 2002, garantice el efectivo cumplimiento del FONID 2001. Asimismo, en la misma dirección implemente al tiempo de formular la Política Impositiva, los recursos que deberán ser apropiados no regresivamente, para garantizar el pago del FONID 2002 y 2003.

Que en consideración a las particularidades que presenta la actual crisis que atraviesa el país, es necesario que la Sociedad Civil así como el Estado realicen aportes concretos para garantizar el inicio del Ciclo Lectivo 2002, atendiendo las necesidades de la población escolar. Así, el Gobierno Nacional:

• Ha transferido los fondos correspondientes para efectivizar el pago de la primera cuota del primer semestre del 2001 del FONID.
• Ha dispuesto transferir el monto correspondiente al pago del 50% de 110.000 becas de seiscientos pesos cada una, destinadas a alumnos de familias de escasos recursos.
• Durante el transcurso del mes de marzo se entregan todos los útiles y material didáctico existente en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación a las diez provincias que muestran mayor vulnerabilidad en sus indicadores socio-educativos.

En relación con la Sociedad Civil, se consideraron las siguientes propuestas:

• Boleto Escolar para alumnos y docentes.
• Tarifas especiales para las escuelas por parte de las empresas proveedoras de energía eléctrica, gas y agua.
• Contribución de las empresas telefónicas y de comunicaciones para asegurar una amplia conectividad y servicios telefónicos más accesibles para las escuelas.
• Disponibilidad por parte de las editoriales de libros de ediciones rústicas más económicas.
• Compromiso de los medios de comunicación de masas para fomentar la educación a distancia a costos accesibles.
• Disponibilidad a valor de costo por parte del sector alimentario de un número reducido de productos esenciales de la dieta básica para el consumo en los comedores escolares.

Estas propuestas que surgen ante las demandas de la crisis deberían constituir la base para desarrollar una nueva forma de gestionar la educación en el mediano y largo plazo que impulsen la confianza y reafirmen el compromiso estratégico traducido en acciones concretas de todos los actores de la sociedad.

Para reafirmar la convergencia de la voluntad de cooperación entre Sociedad Civil y Estado se propone iniciar el Ciclo Lectivo 2002 con una jornada, que en las escuelas, replique el espíritu de diálogo manifestado por los convocantes y participantes del Diálogo Argentino.

A partir de estos consensos globales, las entidades participantes y el Ministerio acuerdan lo siguiente:

1.Existe una relación insuficiente entre la producción de conocimiento científico y su utilización por parte de la sociedad, el Estado y las empresas.

2. Las conclusiones del diálogo argentino en el área sociolaboral constituyen una suerte de insumo para los desafíos que debe afrontar la educación.

3.Se advierte una insuficiente vinculación del área con la sociedad y la fragmentación del sistema.

4. Los actuales niveles de exclusión amenazan el mantenimiento de las instituciones democráticas.

5. El sistema de educación superior y el científico tecnológico requieren de fortalecimiento institucional a la vez que políticas activas hacia su personal y los estudiantes.

Y plantean las siguientes propuestas:

1. El área está a dispuesta a asumir la responsabilidad que le corresponde en la superación de la actual situación nacional. Los valiosos recursos como son el conocimiento, la inteligencia, la capacidad científica está a disposición de la sociedad para colaborar en cuestiones que angustian a nuestro país.
2. Avanzar con un programa compartido con empresas de modo tal que investigadores desarrollen estudios tecnológicos en empresas nacionales.
3. Regionalizar y federalizar la implementación de la política científica, a la vez que se incrementa la articulación de las actividades entre las distintas instituciones del sector.
4. Impulsar programas y proyectos estratégicos para salud, competitividad productiva, polos tecnológicos y otros que hacen a los principales problemas sociales y productivos nacionales.

5. Impulsar una mayor articulación con los demás niveles educativos que signifiquen proyectos comunes y no mera venta de servicios; definir que el sistema de educación superior comprende a las universidades, institutos de formación docente e institutos técnicos superiores, lo que significa la imprescindibilidad de una relación mutua más orgánica.
6. Considerar a las universidades y a las institución es del sistema científico tecnológico como referentes primarios del Estado Nacional y los estados provinciales en tareas y actividades de asesoramiento, capacitación y consultoría.
7. Auspiciar la participación de las universidades y a instituciones del área en los programas nacionales de tipo institucional, social, económico y productivo, que se impulsan desde los diferentes ministerios, en particular en lo que concierne a municipios, pymes y cooperativas y desarrollo de economías regionales.
8. Incrementar significativamente la labor de extensión universitaria y de voluntariado que acompaña a las organizaciones no gubernamentales.
9. Cooperar en forma inmediata en mejorar la calidad de la gestión de los entes de control y seguimiento, contribuyendo a la exigencia social de mayor transparencia.
10. Participar en forma activa en la docencia de los mensajes culturales que recreen los valores perdurables de una sociedad.
11. Ofrecer educadores e investigadores para formular propuestas y acciones tendientes a eficientizar la inversión educativa.
12. Incorporar los valores democráticos, de universalidad, equidad, solidaridad, ética, eficiencia y calidad en todos los niveles, promoviendo metodologías pedagógicas acordes y redes que democraticen la información.
13. Proponer una ley de saneamiento y salvataje del sistema educativo, y propuestas legislativas como, una ley de mecenazgo que incluya la cultura, la ciencia y la tecnología, o instrumentos como fondos fiduciarios.
14. Restablecer el Consejo Nacional de Educación y Trabajo.
15. Fortalecer la dinámica del Consejo de Universidades y sus organismos integrantes, a fin de revertir la fragmentación del sistema universitario, posibilitar la discusión de propuestas que atiendan tanto a la calidad como a la pertinencia de los programas existentes y por desarrollar, y a la posibilidad de que los estudios realizados en una parte del subsistema sean válidos en otra y a simplificar normativas.

16. Atender a la demanda social por mayor educación superior, incrementando la proporción de jóvenes egresados del secundario que prosiguen sus estudios.
17. Desarrollar una política activa tendiente a incrementar la capacidad de retención de las universidades buscando el incremento de egresados del sistema.
18. Asegurar políticas de formación docente, atendiendo a un mejoramiento del clima el aula y posibilitando que la carrera docente contribuya eficazmente a ello.
19. Desarrollar políticas compensatorias que atiendan a los diferentes contextos socioeconómicos en los que desarrollan su acción las entidades de educación superior.
20. Reconocer la importancia de un financiamiento equitativo del sistema de educación superior y científico tecnológico.
21. Resolver las diferencias e inequidades que se observan en la distribución de los recursos presupuestarios entre las diversas universidades nacionales mediante mecanismos que propendan a un presupuesto base cero y a la aplicación de políticas activas que, a través de programas de fondos concursables, se permita llevar adelante proyectos específicos, atender necesidades imperiosas y satisfacer situaciones de emergencia.
22. Hacer llegar a las autoridades del Diálogo Argentino la necesidad del área para que este encuentro no termine en este acto sino que se prolongue en el tiempo a través de una convocatoria permanente.
23. Otorgar al CONICET y a los demás organismos nacionales de Ciencia y Tecnología, la autonomía presupuestaria, al igual que las universidades.
24. Reglamentar el FONDO DE CAPACITACION Y RECONVERSIÓN LABORAL DE LA LEY MARCO DEL EMPLEO PUBLICO (Arts. 42,43 y 44).

La Mesa de Reforma Judicial, en el marco del Diálogo Argentino, con la representación de diferentes sectores y entidades vinculadas a la justicia, luego de haber intercambiado distintas opiniones sobre la situación que atraviesa la Justicia en la Argentina y las posibles soluciones a los problemas que enfrenta, acuerdan el siguiente documento, que recoge los principales puntos de vista que han sido expuestos en el debate, reafirmando su respeto irrestricto a los mandatos de la Constitución Nacional, la independencia judicial, y la observancia de los principios del federalismo.

1. La Demanda Social

La Justicia padece en estos momentos, una crisis de confianza por parte de la ciudadanía, que es necesario revertir con urgencia a través de gestos y medidas adecuadas, atento el delicado rol institucional que cabe a los jueces como garantes de los derechos de todos los habitantes.

Este descreimiento popular reconoce origen en las siguientes cuestiones: a) dificultades en el acceso a la información, y ausencia de mecanismos que garanticen la transparencia; b) situaciones de privilegio; c) ineficacia en la investigación y sanción de ilícitos cometidos en perjuicio del Estado.

Además hubo consenso en que existe deficiencias graves en el funcionamiento de la justicia, que se traduce en dificultades para acceder a la misma, en demoras en la tramitación de las causas, en un inadecuado sistema administrativo, en una insuficiente capacitación y en una muchas veces precaria infraestructura.

2. Las Propuestas

Se describen a continuación, algunas de las medidas propuestas por los participantes para revertir la situación, y dar así adecuada respuesta al descreimiento popular.

Respecto de las dificultades en el acceso a la información, se advirtió la necesidad de: a) difusión de la información existente; b) publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces; c) procedimientos públicos con participación de la sociedad civil, para la selección de los candidatos a jueces de la Corte Suprema. En cuanto a las situaciones de privilegio, se señaló la necesidad de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, al igual que el resto de los ciudadanos. También se propuso, para dar un ejemplo de voluntad de cambio, que los poderes judiciales supriman la feria de invierno de 2002, se asimile el horario de la justicia al de la administración publica local, y se implemente un sistema de control de gestión con publicidad de resultados como ya han hecho algunos poderes judiciales provinciales. En punto a la sensación de impunidad, la Oficina Anticorrupción propuso una serie de medidas para determinar las razones por las que no han progresado numerosas denuncias contra funcionarios públicos.

Se sugirió también avanzar en ciertas reformas institucionales de la mayor importancia, como las modificaciones de las leyes del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, actualmente con trámite parlamentario, como así también la reducción de la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con relación a las reformas en el funcionamiento de la Justicia, se consideró conveniente aprovechar muchas de las experiencias de las Justicias Provinciales, e impulsar los cursos de acción que, adoptados como POLITICA DE ESTADO, se describen en el Anexo, y cuya ejecución cuenta con un alto grado de consenso. En este punto, se coincidió en que los propios órganos de la Justicia deben liderar el Proceso de Reformas.

Se propuso, asimismo, desarrollar acciones para asegurar la autarquía judicial, y mecanismos en defensa del principio de inmovilidad de los jueces, como garantía de su independencia.

En síntesis, algunas de las iniciativas concebidas tienden a mejorar el acceso a la justicia, lograr la más fluida vinculación entre la justicia y la gente, la transparencia en la Información, la incorporación de tecnología, la reorganización de los tribunales, la capacitación, y el reaseguro de la Independencia del Poder Judicial

Finalmente, se genero un Documento de Consenso que reúne las propuestas operativas acordadas por la Mesa, para su inmediata puesta en marcha. Con este objetivo, se decidió la constitución de una Mesa Permanente de Trabajo, encargada de realizar talleres con los actores del sistema y supervisar la ejecución de los proyectos y medidas propuestas.

Los participantes del Diálogo Argentino reunidos en la Mesa de Reforma Judicial, respetuosos de la Constitución Nacional, la independencia y el federalismo, y conscientes de la necesidad de asumir una Política de Estado en materia de Justicia, para así dar satisfacción a la clara e impostergable demanda social de una urgente y profunda modernización del Sistema Judicial que asegure su plena independencia funcional como garante de los derechos de los habitantes, la eficacia de su actuación, y la eficiencia en la administración de sus recursos; reconociendo los problemas fundamentales que lo afectan, convencidos de su certera, gradual y efectiva solución mediante la autogestión del proceso de reforma con la participación de todos los sectores, y el apoyo de los otros Poderes del Gobierno para la pronta ejecución de proyectos por parte de los actores responsables, hemos acordado el siguiente Documento de Consenso:

Se enumera a continuación los ocho problemas fundamentales que afectan a la Justicia Argentina, los que pueden ser englobados en cuestiones funcionales (puntos 1 a 5) e institucionales (puntos 6 a 8), a saber: 1. Dificultades en el Acceso a la Justicia; 2. Congestión y Demoras Jurisdiccionales; 3. Deficiencias en el Sistema Administrativo; 4. Falta de Capacitación; 5. Insuficiente Infraestructura; 6. Reformas Institucionales; 7. Falta de Confianza en la Justicia 8. Independencia Judicial;.

Los participantes reunidos en la Mesa de Reforma Judicial nos comprometemos a constituir una Mesa de Trabajo Permanente, que tendrá a su cargo la realización de talleres, y la supervisión del progreso en la ejecución de los proyectos que se detallan a continuación.

Se expresa, con relación a cada uno de los problemas enumerados, los cursos de acción concebidos para su solución, los órganos y entidades responsables de su ejecución, y los plazos para llevarla adelante.

ELABORADA A PARTIR DE LOS APORTES GENERADOS POR LA

MESA SOBRE REFORMA POLITICA DEL DIALOGO ARGENTINO

El presente documento se ha elaborado a partir de los aportes recibidos por el Diálogo Argentino en el curso de las sesiones de trabajo de la Mesa para la Reforma Política, los días 21 y 26 de febrero de 2002. Los mismos han sido organizados en función del objetivo de avanzar en la construcción de consensos en torno a la reforma política. El objetivo de la Mesa es contribuir al proceso de reformas en curso con la elaboración de una Agenda Anotada destinada a actualizar diagnósticos, definir criterios de actuación y relevar la situación existente en cada uno de los campos de la reforma política, en línea de continuidad con el Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino.

La sesión inaugural de la Mesa contó con la participación de 65 invitados, 52 de los cuales realizaron exposiciones acerca de temas diversos de la agenda de trabajo preparada por la Mesa para el desarrollo de la sesión. Los invitados ofrecieron una representación amplia de los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos nacional, provinciales y locales y el ámbito académico -academias, universidades, institutos de investigación y programas internacionales de desarrollo institucional.

La sesión inaugural contó con las intervenciones del Ministro del Interior, Lic. Rodolfo Gabrielli, el representante de la Iglesia Católica, Mons. Jorge Casaretto, del PNUD, Sr. Carmelo Angulo, el Vice Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Juan Pablo Cafiero. Expusieron también en la sesión de apertura el Presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Dr. Jorge Aja Espil y el representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Diálogo Argentino, Sen. Antonio Cafiero.

Los trabajos de la Mesa fueron presididos por el Director Nacional para la Reforma Política del Ministerio del Interior, Dr. Juan Marchena y contaron con la Coordinación del Dr. Enrique Zuleta Puceiro, con la asistencia técnica de representantes del Poder Ejecutivo Nacional -Ministerios del Interior, Justicia y Jefatura de Gabinete-, del Diálogo Argentino y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El análisis desarrollado por todos los participantes ha proporcionado materiales que pueden ser de gran valor para el trabajo del Diálogo Argentino. Junto a los aportes adelantados en las intervenciones directas de los participantes, la mesa cuenta con material documental y posiciones escritas elevadas posteriormente a la consideración de la Mesa.

El presente documento presenta los consensos alcanzados en cuanto a la necesidad y oportunidad de la reforma del sistema político, los lineamientos generales de la reforma política, y los principios orientadores de la reforma política. Asimismo, el documento incluye un anexo que recepta las iniciativas elevadas por los distintos participantes a la consideración de la Mesa con vistas a una futura discusión sobre los temas propuestos para la reforma política.

La necesidad y oportunidad del proceso de reforma es una percepción compartida por una inmensa mayoría de los argentinos. La Mesa del Diálogo Argentino referida a la reforma política ha hecho suyos los lineamientos generales y contenidos del Acuerdo Federal para la Reforma del sistema Político, recientemente suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos de 22 Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El referido acuerdo sintetiza un proceso inicial de construcción de consensos referidos tanto a iniciativas de reducción del costo de la política como de reformas referidas a los partidos políticos, la estructura y funcionamiento de los poderes legislativos nacional, provinciales y municipales y el mejoramiento de la calidad de las instituciones, las reglas y los actores y procesos básicos de la política en la Argentina.

Como destaco el representante del PEN en el Diálogo Argentino, Sen. Antonio Cafiero, la política esta hecha por hombres y la reforma debe partir de este dato ineludible a la hora de planificar cambios institucionales. A diferencia de lo que ocurre en otros campos de la reforma social, el sistema político no es campo propicio para el ensayo y la experimentación. Su funcionamiento cristaliza en decisiones de gran significación, incidiendo sobre el presente y futuro de la comunidad en todos sus aspectos.

De allí la necesidad de progresar a lo largo de avances graduales. En este sentido, la Reforma Constitucional de 1994 sigue siendo percibida por los diversos sectores comprometidos en la reforma como un proceso inacabado, en cuyo desarrollo e implementación debe seguirse avanzando, incorporando a la vez nuevos temas y problemas, surgidos a lo largo del proceso de crisis vivido por el país durante los últimos años.

El Acuerdo Federal -destacado por su importancia por la gran mayoría de las intervenciones de la Mesa- constituye un paso importante en el mismo sentido. Hace suya la demanda social de recortes sustanciales a los costos de la política y propone cambios en las estructuras legislativas que complementan y dan una nueva capacidad de respuesta a las instituciones y mecanismos del federalismo. Recoge también procesos de consenso en marcha como el que, en el nivel legislativo, ha conducido a la aprobación en el Senado de la Nación de algunas leyes decisivas en materia de reformas al régimen electoral, de partidos y de financiamiento de la actividad política.

El eje central de los acuerdos en marcha es el de la calidad de la política. Es decir la calidad de sus instituciones, procedimientos, actores y procesos básicos. En una primera etapa, planteada por el Acuerdo Federal, se ha apuntado a un recorte drástico en los costos y privilegios de la política. Como indico el Ministro del Interior, Lic. Rodolfo Gabrielli, solo una dirigencia capaz de avanzar sobre sus propios privilegios puede contar con la autoridad moral necesaria para promover y desarrollar reformas en otros campos aun más importantes y complejos. En una segunda etapa, la reforma apunta así a la conformación de herramientas nuevas, capaces de dar continuidad a los avances logrados y a asegurar la vigencia de los principios tradicionales de la República democrática, combinados con las exigencias de eficacia y eficiencia que toda reforma estatal comporta.

La necesidad básica sigue siendo la integración de los esfuerzos parciales dentro de un marco estratégico general, conocido y participado por todos los sectores de la comunidad. La reforma política debe ser conducida a través de un enfoque consensuado e iniciada desde el interior del propio sistema político. Reforma "desde adentro" y consenso social son condiciones para garantizar cambios sistémicos y de largo plazo.

Las prioridades son claras: crear conciencia en la sociedad civil acerca de las necesidades y agenda básica de la reforma, producir diagnósticos y conocimiento, generar capacidad de evaluación de la información primaria, producir enfoques que contribuyan a la planificación y administración adecuada de los recursos.

Toda reforma que aspire a perdurar en el tiempo requiere, en consecuencia, un acuerdo sostenible en el medio y largo plazo, fruto de la concertación de definiciones alternativas acerca de lo que se sabe, se puede y se debe hacer. No todos los objetivos y metas deseables son abarcables. Resulta necesario, por consiguiente, determinar algunos lineamientos generales de la acción a desarrollar, algunos principios de actuación conjunta, que puedan luego servir de base para la definición y jerarquización de objetivos y líneas de actuación.

2. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA REFORMA POLITICA

De las deliberaciones efectuadas en ambas sesiones, la Mesa ha recogido los siguientes lineamientos generales de la tarea de reforma política que complementa la propuesta operativa en el Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino, que la mesa hace suya.

1. El desarrollo del sistema democrático supone un protagonismo central y responsable de los partidos políticos. La renovación de la política requiere tanto el fortalecimiento de los partidos como la integración de las nuevas formas de representación y participación de la ciudadanía.
2. El debate sobre la reforma política no debe reducirse a la cuestión de los costos de la política. El objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la política y, como un aspecto central de la misma, las garantías de integridad, transparencia y control social.
3. La renovación de la política requiere clarificar y transparentar el financiamiento de la actividad política, especialmente en las campañas electorales. Demanda también desarticular el sistema de privilegios de la política y develar los costos ocultos que generan la utilización de los recursos institucionales y económicos del Estado y los aportes privados en el mantenimiento de los aparatos políticos.

4. La renovación de la política supone la necesidad de un protagonismo activo de ciudadanos cada vez mas informados y conscientes de sus derechos y responsabilidades. En tal sentido, la libertad de acceso a la información se convierte en una prioridad urgente e inexcusable.
5. La reforma de la política supone un contexto que la favorezca definido por avances igualmente sustanciales en el campo de la Reforma del Estado. Muchas de las responsabilidades que se imponen al sistema de partidos se refieren, en rigor al sistema estatal, ámbito en el que la reforma exige acuerdos y aportes que trascienden largamente a los partidos. La introducción de exigencias de calidad en la gestión incidirá sobre la vida interna de los partidos, forzando mejor preparación, nivel y compromiso de los dirigentes.
6. La política debe recuperar la perspectiva del bien común, la equidad y la inclusión social, y la defensa del interés social ante las presiones corporativas y sectoriales que lo amenazan. La reforma debe privilegiar en todo momento un enfoque consensual. Se trata de afianzar una aproximación estratégica integradora de los intereses y expectativas del conjunto de la sociedad, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, más allá de los intereses inmediatos de los partidos, que son los actores primarios del sistema político. La reforma debe crear una conciencia social acerca de su necesidad. No debe ser vista como un empeño de los partidos para asegurar sus posiciones sino como un esfuerzo de la sociedad en su conjunto.
7. La reforma debe tener una proyección nacional y federal, evitando los sesgos y distorsiones que introducen los problemas de los grandes centros urbanos y sus áreas metropolitanas. En tal sentido debe profundizarse el consenso entre la Nación, las provincias y los municipios. Se debe fortalecer el accionar de los gobiernos locales. Los municipios constituyen el primer nivel de la administración y es allí donde deben acercarse los instrumentos técnicos y financieros según el principio de subsidariedad. La descentralización mejora la eficacia y la eficiencia de la gestión pública.
8. La reforma política sólo puede ser abordada desde una perspectiva integral y de amplio acceso de todos los sectores de la comunidad a sus temas y problemas fundamentales. La reforma sólo será posible a partir de un compromiso y una tarea efectiva de todos los poderes públicos y de los diversos sectores sociales interesados en su mejoramiento, incluyendo organizaciones no gubernamentales, y el sector académico.
9. La tarea de la Reforma debe comprometer a todas las instituciones, actores y sectores de la vida nacional. Debe subrayarse especialmente la importancia de una participación responsable de los medios de comunicación social.

2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA REFORMA POLITICA

El proceso de reforma política debe inspirarse en algunos principios orientadores, fundados en los valores de la república democrática consagrados por la Constitución y reforzados por las nuevas demandas sociales. Entre estos principios generales orientadores de la tarea a desarrollar, el trabajo de la Mesa hizo especial hincapié en los siguientes:

1. Calidad: Las instituciones y procedimientos de la vida política deben inspirarse en exigencias de mejora continua, comunes al resto de los servicios brindados por los poderes del Estado. Las prestaciones del sistema político deben ser pensadas y desarrolladas no tanto desde el punto de vista de su modo de producción cuanto desde las necesidades y urgencias de sus destinatarios: los ciudadanos.
2. Transparencia. La política debe responder a exigencias de transparencia y responsabilidad de sus actores. Los principios y procedimientos de la ética publica deben ser aplicables a la vida política, independientemente de la condición de funcionarios de dirigentes y militantes.
3. Inmediatez: La pérdida de la relación personal directa e intransferible entre la ciudadanía y los dirigentes políticos es una de las fuentes básicas de la perdida de confianza en la política y sus instituciones. Los costos económicos de la política se suman a los costos sociales también crecientes, derivados de la perdida de legitimidad social de la política, que deja de ser vista como una vía eficiente para la mediación social.
4. Eficiencia: Entendida como una integración efectiva de eficiencia económica con condiciones de rentabilidad y maximización de beneficios sociales, focalización del gasto, eficacia en el logro de objetivos y metas, equidad, transparencia y participación.
5. Acceso a la información: La Reforma debe promover la más amplia e incondicional apertura informativa a los ciudadanos. El derecho a la información debe abarcar tanto la información relativa a todos los aspectos de la gestión estatal y su control como la información social básica y todo aquello que permita el mejor desarrollo de sus derechos sociales y políticos.
6. Proporcionalidad y protección de las minorías. La reforma debe velar por la preservación de los principios que garantizan la representación de todas las fuerzas políticas en un sentido acorde con su presencia en la sociedad y su esfuerzo político y electoral efectivo. En el mismo sentido, la reforma debe tener a proteger a las minorías, garantizando sus derechos frente a las mayorías.
7. Pluralismo. La reforma tenderá a la ampliación del sistema político a través de un mejoramiento en los mecanismos de representación social, afianzando las nuevas formas de expresión de la sociedad civil, propiciando la conformación de organizaciones libres y promoviendo la alternancia política.

La consecución de los principios expuestos resulta posible merced a la concurrencia de factores de hecho que permiten pensar en una adaptación de la política a las nuevas condiciones y demandas por parte de la sociedad, impensables hasta no hace mucho tiempo.